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Distintas organizaciones han alzado la voz denunciando la grave situación y exigen una investigación certera y exhaustiva para el asesinato de María Elena Ferral que suma a los cientos de asesinatos a periodistas en México.

Este lunes la Premio Nacional de Periodismo (2005), María Elena Ferral, murió en el hospital de Paplanta México, a las horas de haber recibido varios disparos en sus brazos, piernas y abdomen. Según medios locales, un individuo habría efectuado la acción cuando ella  ingresaba a su automóvil en el centro de la ciudad.

Este lamentable hecho no causa extrañeza en México. Esto debido a que en este país han asesinado a más de 100 periodistas desde el 2000. 

La periodista fue fundadora del portal Quinto Poder y era corresponsal de Diario de Xalapa y el Heraldo de Poza Rica, en una zona conocida como sierra de Papantla, a unos 300 kilómetros del puerto de Veracruz, estado que ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de periodistas y donde son constantes las desapariciones forzadas a manos de la policía.

La situación en México es grave, por eso se le considera como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo ya que se evidencian omisiones y negligencia de las instituciones que están obligadas a prevenir e investigar estos crímenes y el caso de Ferral es uno. 

En 2016, la periodista denunció que recibió amenazas de muerte por parte del político Camerino Basilio Picazo Pérez, presunto involucrado en el asesinato del exsíndico de Coyutla, Miguel Alfonso Vázquez, en 2005. En una serie de correos electrónicos enviados a uno de sus colegas, María Elena Ferral señaló a Picazo Pérez como su presunto homicida, en caso de que le arrebataran la vida, según el medio radiofórmula.

Justicia y castigo para los responsables es lo que exigen desde la Red Mexicana de Periodistas quienes hacen énfasis en que se investiguen los delitos cometidos contra la libertad de expresión, además de que se establezcan medidas de protección para la familia de Maria Elena.

Mientras que, la Red Internacional de Periodistas (RIPVG) hizo llegar un pronunciamiento al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del Estado de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez; a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo de la fiscalía especial para la atención de delitos contra la Libertad de Expresión y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra.

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