El Cordón Industrial que devasta a Quintero y Puchuncaví

Periodos de contaminación masivos, falta de medidas por parte de la autoridad y escasos estudios al territorio son los problemas que los habitantes de Quintero y Puchuncaví enfrentan día a día. Además de una exposición de más de 60 años a químicos que aún no son reconocidos con claridad.

La bahía de Quintero y Puchuncaví está ubicada a 144 kilómetros de Santiago. En sus mejores tiempos fue considerada una zona rica para la pesca y la agricultura. Siendo un grato lugar para sus pobladores y asegurando también, por su borde costero, un atractivo lugar turístico para los veraneantes.

Hace 65 años se instaló en el territorio el terminal marítimo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Fue la primera construcción que abrió el puerto con promesas de crecimiento y desarrollo. En 1964 se instaló la primera fundición de cobre, Empresa Nacional de Minería (Enami) Ventanas, la que años más tarde pasaría a ser responsabilidad de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Dos años después lo sucedería la Central Termoeléctrica Ventanas I y el Puerto de Ventanas.

La suma de empresas, que en un momento supusieron una expansión del campo laboral, hoy se presentan como una amenaza para las y los vecinos del lugar. 

En los años posteriores, la zona se vio colmada por la presencia de empresas de energía y gas. Una segunda central termoeléctrica, el terminal marítimo de Oxiquim, la planta de recuperación de ácido sulfúrico de División Codelco Ventanas y el terminal marítimo de GASMAR para gas licuado, son solo las empresas que se instalaron allí hasta 1992.

Al año siguiente se declaró zona saturada por dióxido de azufre y material particulado. Esto provocó que casi una década más tarde empezaran graves episodios de intoxicación a causa de la contaminación del medioambiente. 

Quintero y Puchuncaví: El patio trasero de la provincia

En marzo de 2011, una nube tóxica golpeó a la escuela La Greda en Puchuncaví, 31 niños y nueve adultos resultaron intoxicados, presentando fuertes síntomas de mareos y náuseas, la tragedia alcanzó la atención de los medios de comunicación y la organización de activistas se acrecentó.

Es por esto que el Subsecretario de Educación, Fernando Rojas, pidió un informe que analizara el estado de los 15 colegios que hay en Puchuncaví. En octubre del mismo año, el Seremi de salud de la Región de Valparaíso, Jaime Jamett, constata que se encontraron por aire y suelo metales pesados. Estos eran: plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico y zinc.

Luego de un año de investigación, el Tribunal de Garantía de Quintero formalizó al Gerente de Operaciones y  al Jefe de Planta de Ácido de Codelco por el delito culposo de lesiones menos graves, indicando a la primera empresa de fundición de cobre instalada en el lugar.

Sin embargo en septiembre del 2013 la querella se suspendió. Esto gracias a un acuerdo de la empresa con las víctimas, con un fondo de 164 millones para pagar atenciones médicas y mover la escuela a 2 km. La escuela, financiada también por la Corporación de Desarrollo Puchuncaví- Quintero, fue inaugurada por la Ministra de Educación de ese entonces, Carolina Schmidt. 

La ministra Schmidt, quien pasaría a ser Ministra del medioambiente en 2018, ha tenido activa participación en empresas del cordón industrial. Fue nombrada parte del directorio de Enersis en 2013 y  del directorio de Enel America S.A entre 2014 y 2015. Además de haber sido accionista en Copec.

El territorio

Marta Aravena, integrante de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero- Puchuncaví, explica que la problemática de la contaminación siempre ha existido. Sin embargo, por ser comunas pequeñas de la provincia, no se les ha dado la atención suficiente.

En cuanto a cómo se maneja la información explica que “hay que entender el contexto en el que se encuentran las comunas de Quintero y Puchuncaví, están en la provincia de Valparaíso. Antes de que se destapara el problema de la contaminación abiertamente con el caso La Greda, aquí todo esto era un tabú, muchos sabían que había contaminación pero se conversaba detrás de las puertas, nada se hacía público y entonces cuando sucedió eso nosotros éramos como el patio trasero de la provincia. Los mayores recursos se van a las ciudades más grandes y son las más grandes de la región además, entonces hay que entender que nosotros siempre nos tocaba la colita de todo”.

Luego del grave episodio se anunció un plan maestro de limpieza para las comunas de Puchuncaví y Quintero.  Sin embargo los trabajos no cesaron y el plan no se vio regulado. Seis años después, el 30 de octubre de 2017,  solo uno de los 15 establecimientos había llevado a cabo el plan.

Para esta fecha ya se habían instalado en la zona la empresa de Cementos Bío Bío, terminal de acopio de Cementos Melón; el Terminal de asfaltos y combustibles CORDEX, ahora más conocido como la Empresa Nacional de Energía (Enex); una bodega de almacenamiento de cobre Anglo American; la planta de lubricantes Loncura COPEC, la Central termoeléctrica Nueva Ventanas de GENER y Central termoeléctrica Campiche; el Terminal marítimo encargado de la recepción de gas natural y licuado, GNL Quintero; la Central termoeléctrica Nueva Ventanas GENER y una Ampliación para el terminal marítimo Quintero OXIQUIM S.A. 

No cerraron las fábricas, cerraron las escuelas

Para Ricardo Pérez, académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y parte del Núcleo de emergencias y desastres y de la Comisión de Salud Ambiental, la situación es compleja, ya que “existen estudios que establecen las relaciones directas de los metales pesados y los efectos en la salud de las personas, entre otros el tema del plomo por ejemplo y el problema cognitivo que va generando en niños y niñas. También hay estudios que señalan la relación de estos metales pesados con cáncer, con malformaciones genéticas, con abortos” explica.

Sin un plan de contención y descontaminación, la situación se volvió particularmente difícil entre agosto y septiembre de 2018, cuando las autoridades declararon alerta amarilla en la zona.

Más de 300 personas se vieron nuevamente intoxicadas, viéndose afectados estudiantes y profesores de tres colegios de Quintero y  trabajadores del terminal marítimo y planta de resinas Oxiquim, y Gasmar. Esta empresa divide sus acciones entre Gasco y Abastible. Se documentaron náuseas, complicaciones respiratorias, vómitos, dolores de cabeza e irritaciones oculares.

Unos meses más tarde, el 11 de octubre del mismo año, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso informó mediante un Oficio Ordinario que “entre los días 21 de agosto y 9 de octubre, ambos de 2018, fueron atendidas en relación a estos hechos un total de 1.329 personas, que requirieron 1.711 consultas sanitarias, de las cuales 16 se tradujeron en hospitalizaciones”.

La comunidad

Luego de este evento los habitantes de la zona empezaron a manifestarse. Tomas en la mayoría de los colegios y marchas hacia las empresas contaminantes comenzaron a volverse parte de la normalidad. El conflicto se volvía cada vez más latente y las autoridades no dieron rastro de ayuda. Sólo se divisaron algunas tanquetas de militares en las entradas de las empresas para resguardarlas y carros lanzaaguas de Carabineros. Esto para dispersar las protestas que llegaban a la zona del Cordón Industrial.

Adriana Espinoza, Académica de la Universidad de Chile y miembro del Núcleo de investigación e intervención de desastres,  realizó distintos talleres psicosociales en la zona, específicamente con niños y niñas. Ella explica que “fue tan masiva la cantidad de niños que resultaron intoxicados, y fue tan negligente la autoridad; el hospital no tenía los recursos, seguían cayendo los niños todos los días, no pararon las emanaciones, no cerraron las fábricas, cerraron las escuelas, entonces eso desató una furia, una rabia, una impotencia en la gente”.

Agrega además la forma en que esto afecta la salud mental de los habitantes, ya que “en el mundo de los desastres está lo que se llama el ciclo de gestión del riesgo y se considera el antes con ciertas medidas de mitigación, de prevención, el durante, que es el evento y el después. Pero acá nos encontramos con que es un permanente, está siempre” hecho que genera altos niveles de miedo y angustia en las personas. 

Las respuestas que aún no llegan

En febrero de 2019 la comunidad de Quintero y Puchuncaví lleva 12 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Agrupados en una causa y con variadas organizaciones a su espalda.

La causa es rechazada bajo la premisa de que no se podría establecer a una empresa como responsable, omitiendo las responsabilidades de los organismos públicos. Dejando así, una vez más, a los habitantes de la zona sin respuesta.

Estos recursos de protección fueron presentados por Organizaciones medioambientales y particulares; trabajadores pescadores y mariscadores; el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez; el senador Francisco Chahuán, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco y la alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos.

La sentencia de la Corte Suprema revocó la de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esto entregó luces a los problemas que por tantos años han aquejado a una comunidad. Sin embargo hoy en día las respuestas por parte de las autoridades hacia los vecinos y vecinas de la zona siguen sin ser suficientes. Quienes viven en este territorio deben enfrentar, además de la actual pandemia, una grave situación de contaminación. 

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